Juyá es la lluvia, el dios más importante para los wayú porque en la Alta Guajira, donde habita la mayor parte de este pueblo indígena, entienden qué es morir de sed. María Uriana lo sabe muy bien. Cuatro de sus once hijos fallecieron entre el hambre y la deshidratación. Ella le contó sus suplicios a Noticias Caracol.

María Uriana decidió no tener más hijos porque no aguantaba más el dolor de perderlos… una decisión difícil en su cultura. El último de ellos pereció hace alrededor de tres años y ninguno entró en los registros del ICBF que indican que, en los últimos cinco años, 321 menores murieron por causas asociadas al hambre y la sed en La Guajira.

Así relata la pérdida del último de sus hijos: “Era de 4 meses. Fue desmejorándose, desmejorándose, y debido a una deshidratación aguda de vómito, vómito y diarrea por las condiciones de lo que consumía, el agua y la mala alimentación, ni con el sostenimiento de la leche materna permitía parar el grado de vómito y de diarrea aguda a la que se sometió el niño de 4 meses también”.

La Guajira es la región más seca de Colombia, con temperaturas que alcanzan los 45 grados y zonas desérticas y semidesérticas que ocupan alrededor de 10.000 metros cuadrados, lo que es casi la mitad de su extensión. Por eso conseguir agua es cuestión de vida o muerte.

En Mapashira, la comunidad rural de Manaure donde vive María Uriana, los niños tienen que caminar varios kilómetros para tomar agua de un jagüey, una especie de pozo donde se acumula la lluvia que a veces tarda varios meses y hasta años en caer… Un jagüey de agua turbia, malsana, donde también se bañan y beben los aminales. Y beben de allí aunque hace seis años el Departamento de Prosperidad Social -DPS- construyó en Mapashira un pozo profundo que costó casi 500 millones de pesos para que los pobladores obtuvieran agua subterránea limpia.

La profesora María Emma Berty cuenta que “toda la comunidad estaba muy contenta porque este era un proyecto que prometía bienestar, el agua potable que para esta zona es muy preciada y muy necesitada. Entonces este proyecto prometía traer estabilidad a la comunidad y subsanar un problema muy importante no solamente de agua, sino de desnutrición”.

Pero hoy, ese pozo no funciona. Según Berty, “la bomba de inmersión poco a poco se fue deteriorando y fue perdiendo fuerza, por lo tanto, iba disminuyendo la salida de agua hasta que hace aproximadamente 8 o 9 meses no contamos con ningún tipo de agua en la comunidad, dejó de funcionar por completo”.

En las tradiciones wayú, los niños tienen la tarea de recoger el agua. Así que desde que se dañó el pozo ellos tuvieron que volver a emprender los largos desplazamientos bajo ese sol que abrasa para conseguir un poco de esta agua que, aunque nadie, por salud, debería beber, es la única que tienen. Por eso padecen enfermedades gastrointestinales, infecciones y afecciones en la piel.

“Para la comunidad ha sido bastante difícil no contar con el fluido de agua dentro de la comunidad porque las fuentes de agua, primero, están muy retiradas, están a bastantes kilómetros; y segundo, no están en las condiciones porque son aguas de jagüey, aguas de depósitos”, dice Berty.

Lo que sucede en Mapashira ocurre en decenas de comunidades de la Alta Guajira. Entre 2016 y 2017, el DPS construyó 29 pozos subterráneos en la región, invirtió 14.400 millones de pesos en esas obras que iban acompañadas de una granja y un corral para animales. Y hoy, de esos pozos, solo funcionan tres, según una veeduría que se organizó en el departamento para hacerle seguimiento a la crisis social que atraviesan.

El resto de los pozos se convirtieron en proyectos inservibles de cemento, que sobresalen entre los techos de yotojoro y las paredes de barro de las rancherías. En medio de las carencias de las comunidades guajiras, esas obras parecen monumentos a la desidia institucional.

Noticias Caracol visitó cinco de estas comunidades de la Alta Guajira para comprobar el estado de las obras y encontró que la mayoría no funciona. Y mientras tanto, aunque tienen la solución al lado, los habitantes de la ranchería beben agua en pésimo estado o pasan sed.

En el corregimiento Nazareth, en Manaure, el pozo que debía beneficiar a 67 hogares apenas funcionó un año, dice Gabriel García Epieyú, autoridad de la comunidad y directora del colegio que queda allí.

“Las tuberías que metieron dentro del pozo tuvieron una oxidación de tiempo pero sí hicimos lo posible. Nos costó millones de pesos, me tocó con mi esposo de nuestro sueldo arreglar con un amigo, cambiaron las tuberías y todo y pudimos sacar poquito de agua dulce”, relata.

Aunque la comunidad intentó reparar la obra, al final no pudieron costear un mantenimiento que les cotizaron en 100 millones. “Hubo capacitaciones de cómo se mantenía, de parte del DPS de cómo se debía hacerlo. Pero nos dimos cuenta de que no podíamos sostener el mantenimiento. Se nos salía del presupuesto”, dice García.

En esa comunidad hay una institución educativa que atiende a 1.100 niños que deberían beneficiarse del pozo. En la Alta Guajira, muchos niños van al colegio porque es el único lugar donde pueden conseguir algo de comer y beber. En Nazareth les dan el almuerzo del Plan de Alimentación Estudiantil, PAE.

“Cuando ya es sábado, domingo, el caso de este festivo, muchos llegan y me dicen: ay seño, ya mañana es festivo: mira el sábado, domingo y lunes, son tres días que no vamos a tener nada”, cuenta García. Hay casos en los que el agua y la comida que los niños consiguen en el colegio es lo único de lo que disponen sus familias completas.

“Hay un niño de preescolar que no sabíamos, el niño decía que comía muy poco y él guardaba su almuerzo. Pero yo le decía: por qué, será que no tiene apetito. Hasta que le dije a la maestra de preescolar: mira, seño, observa qué está pasando con el niño. Cuando la maestra de preescolar dice que el niño guardaba para los hermanitos y para sus papás porque allá no había almuerzo en su casa”, comenta.

En medio de tantas carencias, los pozos que construyó el DPS fueron un gran alivio para estas comunidades sedientas. Libardo Pushaina, líder de la comunidad de Walaschen, que queda a unos siete kilómetros de Nazareth, explica cómo funcionaban:

Pero hoy viven la misma situación de sus vecinos. “Dicha felicidad duró dos años y medio y llegó el punto donde exigió mantenimiento y pum: como que sacó la mano la bomba y ya no estaba mandando la cantidad de agua que se requiere a las comunidades”, agrega Pushaina.

Su comunidad quedó dependiendo de un molino que también se dañó hace unas semanas, entonces, ante la posibilidad de quedar totalmente desabastecidos intentaron arreglar el pozo. Y algo lograron: “Tuvimos que sacar la bomba, hacerle limpieza, lavarla, a hacer lo que alcanzábamos a entender, pero no es suficiente la fuerza para sacar el agua. De la capacidad que tenía está trabajando al 40%, pero hay un poquitico para la gente”.

Hasta el pozo llegan pequeños de los ranchos aledaños. Viajan en bicicletas que algunas fundaciones les han donado y cargan el agua por varios kilómetros hasta sus casas. “Ahorita están llegando acá niños que vienen de alrededor de 12 kilómetros para llegar a buscar un poquito de agua. Y son 40 litros de agua que tienen que llevar para su casa, y vienen otra vez mañana por otros cuarenta litros de agua”, cuenta el líder.

Aunque no es tan salada como la del mar, el agua de este pozo no es idónea para el consumo. Algo muy parecido vive la comunidad de Media Luna, en Uribia. Lo cuenta Marbelis Ipuana, autoridad de ese lugar:

En Media Luna hay un colegio con 434 niños, 105 viven internos, y tienen que hacer maromas para rendir el agua que de vez en cuando les llega en carrotanque. Aparte de padecer por el agua, sufren por la falta de infraestructura. Los salones no alcanzan para todos y hay cursos que reciben clase bajo los árboles.

Por su parte, Luis Epinayu, autoridad de la comunidad de Canán, ya perdió la esperanza de recuperar el pozo, que les suministró agua durante apenas un mes, pero salía podrida: “El agua salió salada, amargada y olía a gas, hedionda. Es que ni los animales tomaron porque estaba salada, amarga. Y por la vaina del olor”.

Su comunidad se abastece con carrotanques que llegan de tanto en tanto, pero la provisión es insuficiente. “Hay veces que los chivitos quieren más agua y yo no puedo darles agua porque yo tengo que ahorrar para mañana”, dice Epinayu.

Y la ranchería se ha ido quedando vacía. Varias familias de canan no soportaron la sed y abandonaron sus casas.

El problema de fondo en La Guajira Solo el año pasado, 41 niños murieron y 13 más han fallecido este año por causas asociadas al hambre y a la mala calidad y la falta de agua en La Guajira. Los entes nacionales, departamentales y municipales se reparten las culpas al hablar del problema. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esta tragedia?

Andreína García es la gerente de las Empresas Públicas de La Guajira, la funcionaria encargada de enfrentar la crisis del agua en el departamento. Ella reconoce que los pozos se dejaron perder: “Los proyectos fueron entregados a los entes municipales y no hubo una alternativa para la sostenibilidad de las obras y por eso se han perdido. Hemos hecho un recorrido por todo el departamento y definitivamente sí hemos encontrado muchas obras abandonadas, muchas inversiones que hoy no están funcionando”.

El DPS entregó los pozos a los municipios, que quedaron a cargo de su mantenimiento. Sin embargo, líderes de las comunidades dicen que las instituciones involucradas en el proyecto ignoraron sus peticiones para mantener en marcha las obras.

“Pasábamos los oficios, los papeles a la alcaldía, al DPS. ¿Qué nos contestaron? Que eso ya es de la comunidad, ustedes verán cómo resuelven eso. Y aquí hay un problema de las comunidades, mi hermano, acá el 80% de la comunidad no trabaja”, dice Pushaina, líder de Walaschen.

Gabriela García, la rectora del colegio de Nazareth, agrega: “Al comienzo de este gobierno, del alcalde que está encargado ahora, vino la de obras, revisó, verificó, tomó los datos por parte del alcalde y hasta la fecha de hoy no han dicho nada”.

Durante cinco años y hasta hace apenas cuatro meses, el gobierno nacional tuvo intervenida la prestación de los servicios de agua, salud y educación. Su ejecución, entonces, se hacía desde los ministerios centrales.

“Realmente es una inversión millonaria y en el tiempo nadie se ha puesto la camiseta para resolver esa problemática. Como te decía, venimos de cinco años de intervención y los proyectos estuvieron ahí abandonados, y más los que de alguna manera se plantearon ejecutar”, afirma Andreína García, gerente de las empresas públicas de La Guajira.

En teoría, esa intervención del gobierno nacional era una apuesta por solucionar los profundos problemas del departamento. Pero los guajiros dicen que, en ese tiempo, nada cambió. Así lo asegura Hugues Lacouture, representante a la Cámara por ese departamento.

Los pozos abandonados son solo la punta del iceberg del problema monumental del agua en La Guajira. En la zona rural, el 80% de las personas no tiene acceso a agua potable. 41 niños murieron el año pasado y 13 en lo que va de este, según el ICBF.

José Silva, presidente de la ONG Nación Wayuu, dice: “Este año hemos acompañado a 10 familias wayú que se les han muerto sus niños por desnutrición asociadas a diversas enfermedades que los ha venido afectando en su salud. Y son enfermedades que ocasiona el hambre, la sed en estas familias indígenas”.

De hecho, la Corte Constitucional decretó hace cinco años el estado de cosas inconstitucional en el departamento por esos decesos y les ordenó a decenas de instituciones que solucionaran la tragedia. Pero a hoy, los indicadores no han mejorado. Cuando se pronunció el alto tribunal, la cifra de fallecimientos de niños por hambre y sed en La Guajira era cinco veces mayor a la del resto del país. Hoy es siete veces mayor. Por ahora, desde el gobierno departamental dicen que están poniendo en marcha la solución.

“El plan para recuperar los pozos es hacer todo un diagnóstico de cómo están cada uno de ellos y mirar técnicamente qué les hace falta para ponerlos en marcha. Y una vez puestos en marcha, todos estos microacueductos y sistemas que se han realizado, más los que nosotros vamos a construir, la idea es hacer una gran operación regional rural que pueda mantener y garantizar en el tiempo estos proyectos”, señala la funcionaria García.

Pero cómo sabe el pueblo wayú que estas no son nuevas promesas vacías que terminarán incumplidas, le preguntamos a la funcionaria. Y ella responde: “Yo creo que los hechos son los que hablarán por nosotros. Y los esperamos en un año a que nos vuelvan a entrevistar y que recorran con nosotros la Alta Guajira y veamos una realidad, esas obras ejecutadas y terminadas”.

Mientras las promesas se concretan, en Mapashira, María Uriana y su hija Yamile siguen bebiendo agua turbia del jagüey. Y de tanto en tanto visitan el cementerio donde, en una misma tumba, están sepultados sus cuatro hijos y dos nietos más que murieron de hambre y sed en la última década. Allí, habla del dolor que le ha causado enterrar a su descendencia.

El suplicio de María parece inverosímil en pleno siglo XXI: “Lo que más desea y esa es la fuente de vida es el agua, lo primordial, que no tenga el sufrimiento no solo de irlo a buscar. Si hay agua, hay vida porque hay siembra, hay cosecha”.

El pueblo wayú vive en la espera de siempre, a que el Estado le ayude a sacar el agua que hay bajo sus desiertos, o que Juyá, su dios de la lluvia, se apiade y no alargue tanto la sequía.